La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, derogará en las próximas horas un decreto ley aprobado en plena dictadura de Augusto Pinochet, el cual otorga aún impunidad a los agentes del régimen, según fuentes oficiales.
Esta decisión, que coincide con el 41º aniversario del golpe militar
que derrocó al gobierno legítimo de Salvador Allende, será anunciada
públicamente por los ministros de Justicia, José Antonio Gómez, y de la
Presidencia, Ximena Rincón.
La derogación del decreto ley de amnistía fue una de las promesas
electorales de Bachelet, quien asumió en marzo como presidenta de Chile,
un cargo que ya había ejercido en el período 2006-2010.
“La presidenta ha señalado claramente que va a impulsar la
Subsecretaría de Derechos Humanos, que va estar en el Ministerio de
Justicia y que va a tener la fortaleza suficiente para preparar un plan
de derechos humanos que explique el conocimiento de estos derechos en el
país”, ha señalado el ministro de Justicia, José Antonio Gómez.
En un breve encuentro con la prensa, Gómez ha añadido que lo
importante para el Gobierno es relevar lo que son proyectos importantes
en materia de derechos humanos para iniciar los debates en el parlamento
y que será la comisión pertinente quien le pondrá los tiempos. El
ministro ha afirmado que la idea es adecuar la legislación chilena a la
legislación internacional “lo que no hace un cambio muy de fondo a lo
que hacen los tribunales chilenos a la fecha”, ha aseverado. Ha indicado
que, en tanto, se está preparando un “mensaje en relación a la
tipificación del delito de tortura”.
La derogación de esta norma, que exime de responsabilidad a quienes
cometieron abusos entre 1973 y 1978, se hará aplicando suma urgencia a
la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley presentado por los
senadores Juan Pablo Letelier, Guido Girardi y Alejandro Navarro, con lo
que podría estar lista antes que acabe este mes.
A raíz de la detención en Londres del dictador Augusto Pinochet, en
noviembre de 1998, los jueces chilenos optaron por no aplicar la ley de
amnistía, que contraviene la legislación internacional. Sin embargo, los
familiares de las víctimas consideran su mera existencia como una
afrenta.
El artículo 1º del decreto señala: “Concédase amnistía a todas las
personas que en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan
incurrido en hechos delictuosos, durante la vigencia de la situación de
estado de sitio, comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10
de marzo de 1978, siempre que no se encuentren sometidas a proceso o
condenadas”.
El Gobierno chileno se comprometió públicamente ante Naciones Unidas a
anular del decreto ley de amnistía y para ello presentó ante el
Congreso Nacional un proyecto de ley en este sentido. El anuncio fue
hecho el pasado 8 de julio, al someterse en Ginebra al escrutinio del
Comité de Derechos Humanos de la ONU, que vela por el respeto de la
Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, de la que
es Estado parte.
La ONU había solicitado a Chile que derogara la ley de amnistía para
que ningún crimen de lesa humanidad quedara impune y para que no hubiera
espacio a la interpretación. El subsecretario chileno de Relaciones
Exteriores, Edgardo Riveros, explicó ante el citado comité que si bien
aún está vigente, la ley de amnistía no se aplica.
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